Según el sitio web de Bnamerica, algunos miembros del Partido Liberal gobernante del Perú presentaron un proyecto de ley el jueves pasado (2º), proponiendo nacionalizar el desarrollo de minas de cobre y establecer una empresa estatal para operar la mina de cobre Las Bambas, que representa el 2% del 2% de la producción del mundo.

El proyecto de ley numerado 2259 fue propuesto por Margot Palacios, miembro del Partido Liberal de extrema izquierda, para "regular el desarrollo de los recursos de cobre existentes en el territorio peruano". Las reservas de cobre de Perú se estima en 91.7 millones de toneladas.

Por lo tanto, el párrafo 4 de la Ley propone establecer una empresa nacional de cobre. Según la ley privada, la compañía es una entidad legal con exploración exclusiva, desarrollo, ventas y otros derechos.

Sin embargo, la Ley estipula que los costos actuales de reparar el daño minero y los pasivos existentes son "responsabilidad de la empresa que produce estas consecuencias".

La Ley también permite a la compañía "renegociar todos los contratos existentes para adaptarse a las regulaciones existentes".

En el Artículo 15, la Ley también propone establecer una compañía de banbas de propiedad estatal para operar exclusivamente las minas de cobre de comunidades indígenas como Huancuire, Pumamarca, Choaquere, Chuicuni, Fuerabamba y Chila en la provincia de Kota Banbas en la región de Aprimak.

Para ser exactos, estas comunidades se enfrentan actualmente a la compañía de recursos de Minmetals (MMG), que opera la mina de cobre Las Bambas. Acusan a MMG de no cumplir sus compromisos de desarrollo social y han obligado a la producción de la mina de cobre Las Bambas a detenerse durante 50 días.

Los trabajadores de MMG marcharon en Lima, Cusco y Arequipa. Un í Bal Torres creía que la razón del conflicto era que los miembros de la comunidad se negaron a sentarse y negociar.

Sin embargo, las empresas mineras en otras regiones se ven afectadas por conflictos sociales porque están acusados ​​de contaminar el medio ambiente o sin consultas previas con las comunidades circundantes.

El proyecto de ley propuesto por el Partido Liberal también propuso asignar 3billion Sols (aproximadamente 800 millones de dólares) a la National Copper Company propuesta como gastos para diferentes instituciones subordinadas.

Además, el artículo 10 también estipula que las empresas privadas actualmente en producción llevarán a cabo una valoración para determinar su patrimonio neto, reducción de la deuda, exención de impuestos y bienestar, "el valor de los recursos subterráneos, la remesas de ganancias y los costos de remediación ambiental que aún no se han pagado" .

La Ley enfatiza que las empresas "deben asegurarse de que las actividades bajo producción no se puedan interrumpir".

La junta directiva de la compañía incluye tres representantes del Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales, dos representantes del alcalde Nacional de la Universidad de San Marcos, dos representantes de la facultad minera de la Universidad Nacional, y seis representantes de personas indígenas o comunidades.

Se entiende que después de que la propuesta se presenta a varios comités del Congreso para el debate, la implementación final aún debe ser aprobada por el Congreso.